Por J. Manuel Areces

Tras los sucesos del pasado miércoles, en los que Diputados y militantes de ERC se manifestaron ante la sede de la cadena COPE en Madrid, solicitando su cierre, el partido popular, en la sesión de control al gobierno en el parlamento, solicitó a Zapatero que condenase dicho acto expresamente. Como siempre el presidente del gobierno eludió manifestarse con claridad y transparencia mencionando que -«Todos los diputados de esta Cámara», dijo el presidente, «que representamos la legitimidad popular, tenemos como obligación la defensa de los derechos fundamentales, y yo tengo la presunción a favor de todos los diputados que representan a los ciudadanos y que están trabajando en la defensa de las actitudes y de los derechos fundamentales y libertades públicas de todos los españoles, más allá de que me gusten unas cosas más que otras». Desde luego en un especialista en no mojarse con nada. En un asunto tan evidente no hay medias tintas, y menos por parte de NUESTRO presidente del gobierno, DE TODOS LOS ESPAÑOLES. Que Zapatero no quiera molestar a los socios que le mantienen en el gobierno es lógico, pero también es obligado que defienda los principios constitucionales por encima de los intereses particulares, y en concreto el derecho a la libertad de opinión. Con estas posturas no convence a nadie y debería ser, al menos, tan firme como dijo que lo fué cuando retiro a nuestras tropas de Iraq. Temo que exista un choque entre sus principios y los que por su responsabilidad de gobierno debe defender.